Arranca el juicio a Metro por otro trabajador muerto por amianto

De todos los problemas que tiene Metro —hacinamiento de viajeros, escasez de maquinistas, falta de trenes o incumplimiento de frecuencias—, el amianto es el más grave. Primero porque afecta directamente a la salud de los trabajadores, denigrada por Metro al ocultarles durante años, al menos desde 1991 —como quedó probado en la comisión de investigación sobre el tema de la Asamblea de Madrid—, que estaban trabajando con un material tóxico y mortífero. Actualmente, hay cuatro trabajadores con la enfermedad laboral reconocida —dos de ellos han fallecido a causa de la misma—. Por otro, porque la compañía vendió trenes al suburbano de Buenos Aires con el material, cuando estaba prohibido.

Metro, dependiente de la Comunidad de Madrid, gobernada por Ángel Garrido (Partido Popular), presentó un plan, con una inversión de 140 millones de euros, para desamiantar su red. Debido a este plan, más de 40 trenes permanecen paralizados. Además, el verano que viene se va a cerrar la estación de Esperanza para desamiantarla.

A pesar de todo ello, la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, dio el pasado viernes por zanjada la crisis del amianto: “La doy por finalizada. Hemos actuado y vamos muy por delante al plan de trabajo previsto”. Esa misma semana, Metro anunció que dejaba de dar mascarillas a los trabajadores que los solicitasen. Era una medida para “mitigar inquietudes de los trabajadores”, dijeron desde la compañía, que insistió en que “no hay riesgos”.

Los trabajadores consideran todo “un despropósito”. Y no se fían. Menos después de descubrir que Metro sabía desde principios de los años noventa sobre el amianto y que un informe interno de 2003 hablaba sobre el asunto, pero que no se lo comunicó a la plantilla hasta el año 2017. También, que vendió trenes con el material a Argentina en 2011, sabiendo cuando la legislación internacional lo prohibía.

Un vagón del Metro de Madrid, en una imagen de archivo. KIKE PARA